Apartaron al juez Sebastián Casanello en la causa que cuestionaba la legalidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich
La Cámara Federal porteña resolvió que la causa que cuestionaba la legalidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, que tramitaba en el juzgado federal de Sebastián Casanello, pase a la justicia penal ordinaria.
Lo resuelto por el camarista Eduardo Farah coincide con un planteo de la ministra de Seguridad de la Nación, que sostuvo que el magistrado era incompetente para intervenir en el caso.
Casanello había sido sorteado para analizar una presentación realizada por la diputada porteña Celeste Fierro (MST en el Frente de Izquierda Unidad) junto a la apoderada partidaria, Mariana Chiacchio.
La decisión del Tribunal de Apelaciones se tomó poco antes del inicio de una audiencia de habeas corpus convocada por el juez federal, a cargo del caso hasta ahora, para escuchar los argumentos de las partes, en los tribunales federales del bario porteño Retiro.
La convocatoria estaba prevista para las 11 y, poco antes, el juez Eduardo Farah, de la sala II del Tribunal de Apelaciones, hizo lugar a una apelación del Ministerio de Seguridad de la Nación y apartó por “incompetencia” a Casanello.
Ante esta situación, ese trámite que había comenzado el miércoles pasado con un primer encuentro, quedó sin efecto, luego de que expusieron durante horas en la primera audiencia los legisladores de izquierda que presentaron la demanda y funcionarios del Ministerio, ante el magistrado y la fiscal del caso Paloma Ochoa.
Casanello rechazó un planteo de incompetencia hecho luego por el Ministerio, que apeló y obtuvo ahora fallo favorable en la Cámara.
A la primera audiencia había asistido la titular del Ministerio, Patricia Bullrich, quien defendió la aplicación del Protocolo, ante el juez, la fiscal del caso Paloma Ochoa y la legisladora Celeste Fierro (MST, FIT-U) quien presentó la demanda, además de sus respectivos asesores legales.
La semana pasada y de manera posterior a la audiencia, la Cámara Federal anuló una resolución de Casanello en la cual había exhortado al Ministerio a evitar colisionar con derechos constitucionales a la hora de aplicar el protocolo.
Ahora el juez Farah lo apartó del caso y resolvió que vuelva al juzgado en lo Criminal y Correccional 28 de la ciudad de Buenos Aires, donde había tramitado en un principio.
En caso de que este juzgado no acepte encargarse del caso, la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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