Del juicio «moral» a la vice a la reglamentación de la nueva ley de hidrocarburos

En el plano político, Vaca Muerta quedó atravesada por el escándalo político-institucional protagonizado por la vicegobernadora Gloria Ruiz. Al mismo tiempo, en los campos productores no convencionales, el frente de crecientes exportaciones podría recibir incentivos adicionales con la reglamentación del apartado energético de la Ley Bases. Se trata de dos de las noticias principales que caracterizan el momento de Neuquén en la recta final del año.

Tal como se informó, el oficialismo provincial impuso en la Legislatura la suspensión de la vicegobernadora, que será objeto de una comisión investigadora. El artículo 189 inciso 25 de la constitución provincial dio el argumento para el proceso que ahora una comisión investigadora llevará adelante. Se definirá si incurrió en inhabilidad moral.

Está en juego ni más ni menos que la continuidad en el cargo de la presidenta de la Cámara. El viernes pasado la Justicia meuquina planteó públicamente que investigaba a su hermano, Pablo Ruiz, coordinador de la Casa de Las Leyes, un estamento parte de la Legislatura, por el presunto desvío de fondos públicos con los que habría conformado plazos fijos en una cuenta personal del Banco de la Provincia de Neuquén (BPN).

Este lunes la vice echó a su hermano; y al mismo tiempo denunció un supuesto intento de “golpe de Estado”.

El oficialismo, que responde al gobernador Rolando Figueroa, avanzó esta semana con la comisión investigadora, que tendrá cerca de un mes para definir si la vicegobernadora incurrió en inhabilidad moral.

Es el último capítulo en unos últimos 30 días que en particular resultaron cuesta arriba para la vice. La discusión sobre los recursos que administraría en el 2025, un año con elecciones de medio término, fue un parteaguas.

Durante el tratamiento legislativo de los fondos de la Cámara recibió cuestionamientos de diversos bloques que le pusieron un límite al manejo discrecional por unos 6000 millones de pesos, que la vice buscaba poder utilizar.  En el mismo debate, la cuestionaron por la designación de una decena de familiares en puestos estratégicos de la Legislatura neuquina, como el caso de su hermano Pablo. Este último fue el argumento inicial que dio como motivo la Justicia para intervenir.

Durante la sesión del miércoles, fueron 29 los votos a favor de que se le inicie el proceso de juzgamiento moral; hubo seis abstenciones y ningún voto en contra.

Ruiz abrió la semana con una carta pública: deslizó en ese pronunciamiento que todo se debe a que no se baja de una eventual candidatura a la gobernación al final del actual mandato.

En el único pronunciamiento público que hizo, cuando le preguntaron por el caso de la vice en una rueda de prensa, Figueroa se manifestó “dolido” y “desilusionado” con su ex compañera de fórmula, que quedó en la mira por el presunto desvío de unos 30 millones de pesos entre la Legislatura y la Casa de las Leyes.

Por fuera de los hechos que se investigan, el gobierno busca saldar rápidamente un escándalo que va contra todo lo que profesa el grueso de sus funcionarios. Aquello de dar respuestas desde la gestión en un momento en que el grueso del electorado votó por un cambio. 

La celeridad del oficialismo en la Legislatura se inscribe en ese itinerario de “tolerancia cero”, que también muestra al gobierno haciendo valer esos acuerdos de gobernabilidad que construyó desde el minuto cero con intendentes, legisladores y diversos sectores políticos y partidarios.

En la antesala de las elecciones de medio término, en Neuquén se abre una instancia de juicio moral-político en la Legislatura. Es un proceso inédito para una figura institucional como la de la vicegobernadora. Por ahora, el grueso de la política parece cerrar filas en torno a lo que está y no dispuesta a tolerar.

La reglamentación y el frente exportador

El suspenso en el frente exportador de hidrocarburos le abrió paso a la reglamentación del apartado energético de la Ley Bases. Se trata del decreto 1057/2024, publicado en el Boletín Oficial, que reglamenta temas centrales de la ley 27.742 que modificó la Ley 17319, de Hidrocarburos.

En materia de precios, la reglamentación expone que las operaciones serán de libre mercado (oferta-demanda) y que las productoras deben garantizar la seguridad de abastecimiento dentro del país.

El gobierno, a través de la secretaría de Energía se reserva un posible límite a las exportaciones de crudo, en el caso de una serie de excepciones, para situaciones específicas en que se afecte el suministro interno.

En el caso del Gas Natural Licuado (GNL), se establece la libre exportación e importación, con la chance para las productoras de hacer ventas a nivel mundial sin restricciones, salvo, por ejemplo, que se registren faltantes de gas en el mercado doméstico. «Es fundamental garantizar que la exportación de GNL no afecte el abastecimiento del mercado interno de gas natural, especialmente durante los meses de invierno”, afirma la normativa en uno de sus puntos salientes.