Desesperado intento desde la Justicia para evitar ser desalojados este lunes de los juzgados federales de Morón

Apelaron el fallo que dispuso el desalojo del edificio, donde funcionan los juzgados federales de primera instancia, ante la falta de pago a su propietario

Por Sergio Farella

02/12/2023 – 09:20hs

Los funcionarios y empleados de la Justicia Federal de Morón están preocupados porque se avecina fecha límite que es el próximo lunes, cuando el propio Poder Judicial resolvió que deben abandonar el lugar, desalojarlo, ante la falta de pago a su dueño con quien vienen en una batalla judicial desde hace años.

Los motivos son por falta de pago al dueño y el panorama no está claro, pues el Consejo de la Magistratura aún no tiene un lugar establecido para realizar la mudanza de los casi 150 empleados que trabajan en el lugar.

Hace pocos días se cayó el único proyecto en vista que se tenía de mudar los tres juzgados federales al Parque Industrial de Morón, el cual era desde ya rechazado por los empleados por su difícil acceso, así como por el alto tránsito de camiones y no tener espacio para alojar detenidos de manera transitoria.

Sin esa alternativa no existe hoy en día un lugar determinado para llevar a cabo la mudanza a un inmueble grande en el que puedan funcionar las tres dependencias.

Contratiempo, desde el Consejo de la Magistratura ya se apeló la decisión de desalojo y se reclamó la intervención de la Corte Suprema de Justicia sumado a otros planteos.

En el lugar funcionan el juzgado federal 1 a cargo de Martín Ramos; el 2 cuyo titular es Jorge Rodríguez y el 3 es subrogado por la magistrada Alicia Vence pues está vacante: entre los 3 suman unos 150 empleados abocados a tratar causas de corrupción, de narcotráfico expedientes sensibles en la jurisdicción.

Los motivos del desalojo son por falta de pago al dueño y el panorama no está claro

Tribunales federales de Morón: el comienzo del conflicto

Desde 2007 es que los tres juzgados federales funcionan en ese inmueble, en calle Crisólogo Larralde 673, en Morón, y en 2013 comenzó el conflicto con su dueño Jorge Azariu cuando desde el Consejo de la Magistratura de la Nación dejaron de abonarle el alquiler.

Luego de unos siete años que no le pagaron el alquiler sí empezaron a pagarle una suma por debajo de lo solicitado por el dueño. El conflicto siguió y Azariu no tuvo otra alternativa que recurrir a la Justicia para que se ordene desalojar a la propia Justicia.

En una primera instancia, la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón al dueño y ordenó el desalojo de los juzgados, pero ese fallo fue apelado y en octubre pasado la Cámara de ese fuero confirmó la decisión y dispuso que debían los empleados y funcionarios abandonar el lugar dando como fecha límite el próximo 4 de diciembre, o sea el lunes.

Según fuentes consultadas, el dueño incluso recibió llamados de manera informal por gente que dijo trabajar en el Consejo de la Magistratura para que desista de seguir con el reclamo por el desalojo y que aceptara un precio muy por debajo de lo pretendido. Incluso se lo citó a una reunión a la que debía ir “sin su abogado”.

Todo sea para evitar el desalojo

Pero en materia judicial y para evitar el desalojo, es que desde el Consejo de la Magistratura se apeló ese fallo de la Cámara y que el tema sea tratado directamente por la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, ese recurso no tiene efecto suspensivo de la medida cuando la misma tuvo fallo favorable en primera y segunda instancia, entonces desde el organismo se planteó una medida paralela que es la revocatoria, o sea que la propia sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revea la cuestión.

El asunto ha generado mucho malestar por parte de los empleados hacia el Consejo de la Magistratura

El expediente incluso ya estando en manos de la Corte Suprema de Justicia tuvo que volver a la Cámara y ahora deben resolver esos mismos jueces si confirman lo que dispusieron en octubre o no. Previamente, el dueño tendrá la posibilidad de volver a opinar e insistirá en el desalojo inmediato o que le paguen lo que corresponde.

Qué puede pasar el Día D

La fecha límite sigue establecida para el lunes pero debido a todos estos planteos es probable que el desalojo no se lleve a cabo pero al no haber un lugar claro donde realizar la mudanza, será cuestión de semanas.

El asunto ha generado mucho malestar por parte de los empleados hacia el Consejo de la Magistratura por lo que consideran hubo una inacción que viene de hace años para resolverlo.

Incluso, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación desde 2021 hay un proyecto de ley para que se declare de utilidad pública el lugar y así quede sujeto a expropiación el inmueble. Pero nunca se avanzó en lograr un dictamen favorable para llevar adelante esa medida.