Diputados aprobó la Ley Bases ¿Y ahora que puede esperar el sector agropecuario?
Este martes el gobierno nacional logró aprobar en la Cámara de Diputados la denominada “Ley Bases” que declara las emergencias “administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año” y confiere al presidente Javier Milei facultades para poder reorganizar la administración pública.
La apuesta de Milei es poder equiparar el gasto público con los ingresos tributarios en el término de un año para recién comenzar a evaluar la posibilidad de aplicar reducción o eliminación de impuestos.
Ya lo dejó en claro esta semana el propio ministro Luis Caputo: no vamos a escuchar a nadie que venga a proponer ninguna rebaja tributaria porque no podemos permitir que el Estado nacional tenga déficit. Y es que la famosa “motosierra” (muchos no lo sabían) tiene doble hoja: una para reducir gasto público y otra para recortar subsidios económicos al sector privado y aumentar impuestos si la primera se quedaba corta.
Caputo tampoco tiene oídos para escuchar que parte del ahorro podría lograrse dinamitando el longevo régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, uno de cuyos beneficiarios –no casualmente– es su primo hermano Nicolás Caputo. Luego de cinco décadas de “chuparle la sangre” al Estado y a los consumidores argentinos, más que “promoción” se trata de un “derecho de pernada” heredable.
El último informe de ejecución presupuestaria del Estado nacional elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) tiene un dato contundente: en el primer trimestre de 2024 los derechos de exportación y el impuesto PAIS recaudaron 2.545.234 millones de pesos, una cifra equivalente al 15,8% del ingreso total del período.
Al analizar la estructura de gastos corrientes y de capital del primer trimestre, es factible observar que el único rubro importante del cual recortar para poder sacarse de encima los impuestos distorsivos que afectan el comercio exterior provienen de las transferencias corrientes al sector privado.
Eso implica que para poder empezar a hablar de la eliminación de los impuestos distorsivos –según el plan de Milei– primero sería necesario eliminar los subsidios energéticos y al transporte (lo que implica trasladar el costo real total de ambos servicios al sector privado), además de privatizar o concesionar buena parte de las empresas estatales.
Tal como lo establece la “Ley Bases”, que para comenzar a regir debe primero ser aprobada en el Senado, Milei cuenta con un año de plazo para cumplir esa meta, que es además el “tiempo político” del que dispone porque en el segundo semestre de 2025 se realizan elecciones legislativas nacionales para renovar 24 senadores y 127 diputados nacionales.
La “hoja de ruta” es bastante clara. Lo que no resulta tan claro es de dónde van a salir las divisas para recomponer las reservas del Banco Central (BCRA) y poder así algún día unificar el tipo de cambio. Porque la principal “máquina” generadora de divisas, el agro, además de venir bastante golpeado, tiene por delante muchos desafíos climáticos y hasta biológicos ahora que una enfermedad va camino a liquidar gran parte de la cosecha esperada de maíz. Por otra parte, nutrir a los cultivos por debajo de los niveles óptimos puede ser una buena estrategia para pasar un año malo, pero si se hace de manera sistemática pierde todo el país (incluso el Estado y su necesidad angurrienta de no resignar un solo peso de recaudación).
Caputo fue a pedir una ayudita a EE.UU. y volvió con las manos vacías. La canciller Diana Mondino está solicitando a China que renueve el swap heredado de la gestión anterior (ciertamente no fue la mejor de las ideas decir que el gobierno argentino no iba a hacer tratos con países comunistas).
Con el agro trabajando a “media máquina”, solamente quedan dos puertas abiertas. Una es un “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones”, contenido en el paquete fiscal aprobado este martes en Diputados, el cual está hecho a la medida de megaproyectos mineros, fundamentalmente en lo que respecta a litio. La segunda es un “blanqueo” para solicitar a los argentinos que hagan aparecer dólares y pesos no declarados al fisco para así intentar reactivar la actividad económica.
Resumiendo: en los hechos, quitando el relato de por medio, el gobierno de Milei no representa en lo inmediato un cambio sustancial para el agro con respecto a las experiencias pasadas. De hecho, las condiciones que debe enfrentar el sector en el ciclo 2024/25 son bastante más complejas.
Pero si dentro de un año el presidente logra su objetivo y puede finalmente ordenar las cuentas públicas de manera sostenible, entonces sí podría cumplir su promesa de eliminar los impuestos distorsivos que impiden que el agro genere una cosecha monumental de riqueza, empleos y divisas. Veremos.