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El gobierno carece de política energética

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El Gobierno ha cumplido dos meses y medio en funciones; pero aún no tiene Presupuesto de gastos y recursos para 2024; y sus fracasos legislativos han sido espectaculares. La Ley Omnibus –una de las leyes más extensas de la historia – fracasó en forma rotunda en el 2° día de su tratamiento en el Congreso. El DNU 70 de 350 artículos está vigente, pero pende de un delgado hilo.

Desde el punto de vista republicano, el Gobierno es débil; y además carece de un Programa coherente bien explicado, ello le impide los acuerdos políticos. La pobreza ha crecido hasta niveles nunca vistos; y la inflación se ha incrementado; los salarios y jubilaciones están atrasados; y no hay plan de contingencia para paliar los efectos desbastadores sobre los más desposeídos

Esa falta de programa es generalizada; pero se ve con nitidez en el sector energético; porque afecta a todos. Los problemas son de una complejidad extraordinaria pero las soluciones no están todavía programadas. Milei en muchos casos repite las fórmulas del kirchnerismo. Describiremos tres de esos problemas que muestran la alta improvisación de la administración:

1) El Presidente es un negacionista confeso de las causas antropogénicas del cambio climático, que es hoy el principal problema energético de la humanidad.

Esta actitud -hasta ahora personal- definirá la política energética de su gobierno. Sería una incongruencia mayúscula que un negacionista implemente una política energética activa de mitigación del cambio climático; sobre todo cuando esta última implica inversiones cuantiosas de reemplazo de la matriz actual basada en el consumo de hidrocarburos. Si esta incongruencia conceptual no se corrige Argentina enfrentará problemas.

2) El Gobierno se apresta a adoptar una política de ajustes de precios en todos los rubros de la matriz energética; substituyendo los extraordinarios subsidios heredados que totalizan unos millones 148.000 millones de U$S en los últimos 15 años. Fácil es decirlo; pero difícil su ejecución para un gobierno sin programa.

El problema es grave, pero el gobierno de Milei todavía no analizó la estructura de costos de las productoras de energía. Es inadmisible que un gobierno encabezado por un economista haya convalidado dichos precios de raíz corporativa sin haber reparado en la inexistencia de un mercado energetico transparente y competitivo; ¿ingenuidad o complicidad?

El Presidente y su Secretario de Energía han aceptado muy mansamente los precios acordados entre los funcionarios públicos del gobierno anterior y las corporaciones, sin haber realizado nunca auditorías de costos.

Cito dos ejemplos que deberían ser investigados: el “barril criollo” aplicado como precio sostén cuando baja el precio internacional del petróleo no ha sido eliminado de raíz Y la gran disparidad entre los precios del gas en boca de pozo entre Argentina y el mundo; debería haber sido estudiada y corregida a favor de los consumidores argentinos.

El precio del gas natural es el de mayor impacto en la formación de los precios de toda la energía.

3) Es llamativa la continuidad con la política del kirchnerismo cuando se prolongan las indefiniciones respeto al futuro de las centrales hidroeléctricas de propiedad del Estado nacional cuyas concesiones comenzaron a vencer en 2023. El Gobierno no adoptó todavía una definición consistente en la reversión al Estado nacional de dichas centrales tal como lo establecen los contratos respectivos firmados hace 30 años.

En este último caso las indefiniciones ponen en evidencia las carencias programáticas del Gobierno.

Los gobernadores de las provincias de Neuquén y de Rio Negro han intimado a la Nación mediante “Cartas Documento” en la cual exigen al Gobierno “que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas sin antes dar participación a las provincias”.

Es lógico que ambas provincias reclamen a la Nación la información previa respecto al futuro de las represas -El Chocón; Planicie Banderita; Alicurá y Piedra del Águila- que se encuentran emplazadas en territorio de ambas provincias y corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos hídricos utilizados por las mismas para generar la energía. Pero hay algo que debe quedar en claro: la propietaria de las centrales hidroeléctricas en cuestión es de la Nación Argentina y no de las provincias en las cuales las centrales están ubicadas.

Dichas centrales fueron construidas por la Nación – a través de la empresa Hidronor; la Nación financió las obras con créditos de los Bancos BID y Mundial y también por los usuarios argentinos por medio los Fondos Específicos creados por ley nacional a tales efectos. Esas centrales además fueron construidas para uso del Sistema Nacional Interconectado de 500 KV lo que incluye la construcción los Sistemas de Transmisión que vinculan el Comahue con la totalidad de la Argentina.

En resumen, creo que sería importante que el Gobierno haga un esfuerzo ordenado de explicitación de su política energética para los próximos cuatro años.