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El Gobierno prepara varios decretos para avanzar en una «limpieza» de leyes

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El Gobierno prepara varios decretos para avanzar en una «limpieza» de leyes
El Gobierno prepara varios decretos para avanzar en una «limpieza» de leyes

El gobierno de Javier Milei prepara una serie de decretos para avanzar en una «refuncionalización» del Estado, en la que trabaja el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y será anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El ministro anticipó en declaraciones a La Nación + que la serie de decretos recibirá el nombre de «El Digesto», y reveló que apunta a dar a conocer en detalle el contenido de las leyes y decretos del país. Además, sostuvo que en la actualidad hay 42 mil leyes, 220 mil circulares o resoluciones y 700 mil decretos, de los cuales solo 70 mil están digitalizados y el resto, 630 mil deben revisarse de manera manual.

«El objetivo que tenemos para fin de año es hacer una limpieza muy fuerte, que los argentinos sepan cuáles son las reglas que tenemos. Dentro de ese proceso apuntamos a desregular», anticipó Sturzenegger, y añadió: «En las próximas semanas vamos a hacer una refuncionalización importante del Gobierno».

Asimismo, especificó que el anuncio estará a cargo de Manuel Adorni, también candidato a legislador porteño, pero anticipó que se trata de varios decretos autónomos y delegados que abarcan varias áreas del Estado.

«Tenemos áreas con distintas organizaciones que tienen tareas duplicadas, sin sentido, otras en las que el kirchnerismo generó organismos descentralizados que tienen la capacidad de cobrar y a autofinanciarse, para eso inventaron trámites», cuestionó, y sumó: «Queremos volver a centralizar las áreas. Esos organismos vienen con estructura, gente que liquida sueldos, y cuando los centralizas usas la estructura general de eso, lo que te permite liberar personas para gastar menos».

De esta forma, será el Adorni, en plena campaña electoral, quien volverá a las protagonizar sus habituales conferencias de prensa, suspendidas desde el 3 de abril, para revelar el detalle del anuncio.

El propio Milei fue el primero en anticipar el paquete de modificaciones que busca eliminar los decretos y circulares que consideran obsoletas. «Se viene el shock regulatorio más grande de la historia humanidad que yo lo llamo ‘El digesto’. Federico Sturzenegger le pidió a cada ministro que haga un digesto de las leyes que usa«, sintetizó la semana pasada Milei en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, amplió: «El plexo normativo en Argentina son 42.000 leyes, 700.000 decretos, donde 70.000 están digitalizados; y 220.000 resoluciones y circulares y normas menores. Se le pidió a cada ministro que de su área determine qué es lo que está usando. ¿Qué va a pasar cuando tengamos hecho el digesto de todas las cosas que usamos en todos los ministerios? Vuelta, todo afuera».

El Gobierno busca que Javier Milei mantenga las facultades delegadas

A menos de dos meses que se venzan las facultades delegadas que el Congreso le otorgó al presidente Javier Milei, el oficialismo busca prorrogarlas y darle ese instrumento por un año más al mandatario para seguir haciendo reformas claves para la gestión.

Las facultades delegadas a Milei fueron sancionadas como parte del proyecto de la Ley Bases. Entre los artículos que fueron ratificados y no sufrieron modificaciones en el fragor del debate en el Congreso, se encontraban las facultades delegadas de las que goza el Presidente.

Se trata de un artículo clave que el Gobierno intentó blindar a toda costa y que estuvo a punto de naufragar, pero las negociaciones que llevaron adelante varios funcionarios oficialistas —encabezados por Santiago Caputo— lograron allanar el camino y mantener ese instrumento.

Así, Milei logró tener las facultades excepcionales delegadas en materia administrativa, económica, financiera y energética que ansiaba para poder eludir al Congreso de la Nación.

En las negociaciones, sin embargo, la gestión Milei debió ceder y aceptar concesiones que permitieron que las facultades delegadas, que inicialmente eran en 11 materias, pasen a apenas 4: en materia administrativa, económica, financiera y energética.

Otra de las cuestiones que debió aceptar para que finalmente se aprueben fue que, en lugar de dos años —como se proponía en el proyecto original— sean por un solo año, prorrogable por un año más con acuerdo del Congreso, y vence en julio de 2025

Ahora, y ante el vencimiento de ese instrumento fundamental de gestión, el oficialismo —a través de un proyecto que firman Gerardo Milman cercano a Patricia Bullrich, y la diputada de LLA, Lilia Lemoine, de máxima confianza de Milei— piden prorrogarlas por otro año.

En los fundamentos, los diputados sostienen que «no se trata de una simple prórroga administrativa ni de un automatismo legislativo. Se trata de una decisión de Estado, consciente y deliberada, enmarcada en un proceso de transformación estructural de la República Argentina, que exige coherencia, visión histórica y coraje político. La continuidad del programa de reformas emprendido por el Gobierno Nacional no puede quedar rehén del calendario ni de los intereses sectoriales que pretenden asfixiar el cambio antes de que maduren sus frutos».

Para Milman, «el presidente Javier Milei asumió un Estado devastado, con una economía en terapia intensiva, una inflación desbordada, un sistema productivo desincentivado y una sociedad empobrecida tanto en lo material como en lo moral. En ese contexto, el Congreso votó la Ley Bases como instrumento para remover las trabas que bloqueaban el despegue de la Argentina».

«A nueve meses de su sanción, los primeros resultados empiezan a emerger: inflación en descenso, superávit fiscal, estabilidad monetaria y señales de confianza que se perciben en los indicadores financieros y en la reacción de los inversores. Pero ningún proceso de estabilización estructural se completa en un año. El shock inicial fue necesario, pero ahora es indispensable consolidar las condiciones de previsibilidad, desregulación y competencia que hagan sostenible el sendero de crecimiento en el largo plazo. Para eso se requiere profundidad institucional, continuidad normativa y flexibilidad operativa», argumentan los diputados.

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