Empresarios se reunirán con Luis Caputo para negociar el RIGI Industrial: qué pedirán
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, tendrán una reunión fundamental este martes en la sede del Palacio de Hacienda, donde se va a analizar el proyecto de ley de Incentivo a las Inversiones Industriales, que ingresó al Congreso este jueves. Los empresarios piden que se apruebe por consenso.
Aunque sufrieron el vacío que les hizo el presidente Javier Milei en la última Conferencia Industrial, mas bien un gesto del Gobierno de que no quiere aceptar la más mínima crítica a su gestión, la realidad es que les están ofreciendo a cambio un proyecto que cubre las expectativas de los industriales y algo más.
Hay que recordar que la gestación de la iniciativa arrancó por febrero, cuando el gobierno impulsaba la Ley Bases y el paquete fiscal, donde se incluía el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Y la queja fue inmediata. Un reclamo por un “RIGI para Pymes”.
Lo que está presentando el secretario de Desarrollo, Juan Pazo, no es específico para pequeñas y medianas empresas (pymes), ya que alcanza a todo tamaño de inversión productiva, pero sí cubre lo que pedía la UIA y algo más.
La reforma laboral y el RIGI para pymes
Lo que los empresarios no esperaban es que se volviera a incluir la Reforma Laboral que pretende el Gobierno en la ley. Ese capitulo se trató de imponer mediante el DNU70/23 y la Justicia lo “bochó”.
No es un tema menor desde el punto de vista político. Si los empresarios piden que la ley se vote por consenso, no está claro si la oposición de Unión por la Patria estaría dispuesta a apoyar la idea, con la reforma laboral metida por la ventana.
La iniciativa vuelve a la carga con la idea de reemplazar la indemnización por despido por un fondo especial cuyo titular es el trabajador. También se busca dar flexibilidad a los períodos de vacaciones, que la empresa podría conceder en cualquier momento del año.
También se tratará de reforzar el compromiso con la ley de Riesgos de Trabajo, aunque eso requiere de una adhesión de las provincias, ya que el fuero laboral les pertenece a ellas.
Se buscará que los honorarios de los que intervienen en un juicio no supere el 25% y se fijará una tasa del índice de precios al consumidor (IPC) mas 3% para la actualización de los créditos judiciales. Los jueces provinciales desconocen lo que establece la ley de Riesgos del Trabajo, que es nacional. No se conforman los cuerpos de forenses y por lo tanto, los reclamos siempre superan la instancia administrativas con las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y terminan en judicialización, donde los tribunales usan de manera arbitraria mecanismos para actualizar las sentencias ante la inflación y los forenses terminan “enganchados” en un porcentaje del mismo.
La inversión productiva
El otro aspecto es que la ley considerará “inversión productiva” a aquellas que tengan un piso de u$s350.000 en las micro, u$s600.000 para las pequeñas; las medianas tramo 1, u$s3,5 millones, las del tramo 2, u$s9 millones, y para el resto, u$s30 millones.
Se podrá acceder a la amortización acelerada de los bienes de capital lo que permite descontar del Impuesto a las Ganancias, habrá devolución acelerada de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el caso de los exportadores. También se prevé una reducción de las retenciones a las exportaciones, para el caso de las ventas incrementales al exterior.
Se prevé un bono fiscal para los nuevos empleos por un año, a cuenta de lo que se pague por seguridad social. Si se contrata a ex empleados del Estado el bono sería de dos años.
Con todo ello, Funes de Rioja tendrá una charla con Caputo. Se espera que se recomponga en algo la relación, afectada por las advertencias de los industriales respecto de la impronta a facilitar el ingreso de importaciones, sin que haya algún contrapeso.
“Hacia adentro de las fábricas, somos competitivos, de la puerta para afuera es el problema”, señalan empresarios de todos los sectores. Hacen referencia sobre todos a la carga impositiva de los fiscos provinciales y municipales.