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Mega decreto de Javier Milei: una jueza de Misiones frenó la quita de funciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate

Ene 12, 2024
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Un grupo de yerbateros logró frenar en la Justicia de Misiones el decreto presidencial que le quitaba funciones claves al Instituto Nacional de la Yerba Mate, entre ellas fijar los valores de referencia de la materia prima dos veces al año. Apenas 24 horas se tomó la jueza Civil y Comercial Adriana Fiori para dictar la resolución que pone en suspenso el proceso desregulador del mercado yerbatero que pretendía imponer el Gobierno Nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Fueron 20 los productores, nucleados en ocho asociaciones los que presentaron este jueves el recurso de amparo en la Justicia ordinaria. Con el patrocinio del abogado Luis Oudín, no dudaron en calificar al decreto presidencial como “una auténtica estafa institucional” y cuestionaron el escaso control parlamentario del mismo.

Puntualmente, sobre la actividad yerbatera sostuvieron que la entrada en vigencia del decreto pone “en riesgo cierto e inminente el derecho a la salud de miles de productores yerbateros y sus familias, como beneficiarios del Convenio de Cobertura de Salud Integral” que fue firmado en abril del año pasado entre el Gobierno de Misiones y el INYM.

Sostuvieron que al pasar la recaudación del INYM a la órbita del Estado Nacional, se genera el “inminente vaciamiento o desfinanciamiento y por ende la imposibilidad de contar con recursos propios para cumplir con sus obligaciones legales y convencionales, entre ellas la de aportar los fondos o recursos pertinentes para la ejecución del régimen de Cobertura Sanitaria Integral implementado a través del convenio”.

Ese acuerdo establece que el Instituto debía aportar el 50 por ciento de los montos necesarios para brindar a los pequeños productores la cobertura de salud por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia. Con ello, argumentaron, “miles de pequeños productores yerbateros y sus familias puedan ver menoscabado, afectado, alterado y frustrado su derecho a la salud”, provocando “un daño de características irreparables”.

El convenio ya beneficia a más de 3.200 yerbateros de las localidades de Ruiz de Montoya, Jardín América, Dos de Mayo, Leandro N. Alem, San José, Oberá, Eldorado, Montecarlo, Andresito, Campo Ramón, Gobernador Roca y Campo Grande, entre otras.

La magistrada sostuvo en la resolución que “sin desconocer que la persona demandada es el Estado Nacional, no puedo soslayar que la petición de los actores incluye un pedido de medida cautelar con fundamento en el derecho a la salud de un grupo vulnerable de la población”.

Fiori detalló que el convenio establece la atención primaria de la salud pero también de alta complejidad para los productores yerbateros que tengan hasta 5 hectáreas. “Es innegable que el pequeño productor yerbatero y sus familias, beneficiarios del mencionado convenio, son el segmento más vulnerable de toda la cadena de producción, y que en el contexto socioeconómico actual no puede desatenderse el pedido de que se garantice un derecho tan fundamental como el de la salud integral, con la urgencia que el caso impone”, argumentó.

En otro párrafo la jueza indicó que “la pretensión cautelar de los recurrentes consiste en que se suspendan los efectos del DNU 70/23 a efectos de que no se modifiquen ni alteren la estructura, funciones y atribuciones del INYM de conformidad con los textos legales vigentes antes del mencionado decreto, atento a que mientras no se ordene la medida solicitada, y ante el desfinanciamiento que propone la derogación del art. 22 de la ley 25.564 (de creación del INYM), existe un riesgo cierto e inminente para el derecho a la salud de miles de pequeños productores yerbateros y sus familias”.

“En el presente caso, resulta evidente que si la cobertura integral de salud del eslabón más vulnerable de la producción yerbatera se encuentra financiada en un 50% por el INYM y los efectos del DNU provocan la inminente pérdida de la administración de los recursos del Instituto, la interrupción de esa cobertura se presenta como una posibilidad cierta y próxima. En los hechos, ello se traduciría en que los beneficiarios perderían el derecho de acceder a medicamentos, tratamientos y demás prestaciones de salud, en el marco de un contexto socioeconómico que deja al segmento más vulnerable de nuestras zonas rurales expuesto a la imposibilidad de cubrir sus necesidades más fundamentales, lo que en muchos casos tendrá implicancias de imposible reparación ulterior, poniendo riesgo, en definitiva, a sus propias vidas”, afirmó Fiori.

En otro párrafo sostuvo que “es de público conocimiento que la legitimidad del DNU 70/23 se encuentra cuestionada en sendas acciones colectivas interpuestas ante distintos fueros y ante la CSJN, por lo que el grado de verosimilitud requerido por la norma para el despacho de la medida cautelar se encuentra cumplido, sin que corresponda a la suscripta analizar la cuestión de fondo”.

Después de resolver favorablemente el amparo, la jueza Fiori se inhibió de seguir interviniendo en el caso y giró el expediente a la Justicia Federal, tal como establece la Ley 26.854.

La normativa señala que “la providencia cautelar dictada contra el Estado nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente, sólo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental. En este caso, ordenada la medida, el juez deberá remitir inmediatamente las actuaciones al juez que considere competente, quien, una vez aceptada la competencia atribuida, deberá expedirse de oficio sobre el alcance y vigencia de la medida cautelar concedida, en un plazo que no podrá exceder los cinco días”.

Hace algunos días, el juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga, había rechazado un recurso de amparo solicitado por el Gobierno de Misiones. Sostuvo el magistrado que el caso debía ser resuelto directamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Gobierno apeló ese fallo, que ahora debe ser revisado por la Cámara Federal de Posadas.