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Para el juez, Palomeque y Boyero tenían perfecta noción del fraude

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El juez Nicosia consideró que los exfuncionarios municipales Rubén Palomeque y Abel Boyero tenían pleno conocimiento de la maniobra de fraude que se llevó adelante durante la emergencia climática en Comodoro de 2017.

En el veredicto donde declararon penalmente responsables a los exfuncionarios municipales Abel Boyero, quien era secretario de Obras Públicas y Rubén Palomeque, quien era secretario de Servicios a la Comunidad, por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en carácter de cómplices primarios, así como a otros ocho empleados municipales y empresarios, el tribunal presidido por el juez Mariano Nicosia, brindó detalles de cómo determinaron la autoría en el marco de la causa conocida como Emergencia Climática I.

En este sentido, se refirió a que en medio de la catástrofe donde decenas de personas tuvieron que evacuar sus domicilios en plena tragedia, y donde afloró el espíritu solidario, algunos desde el anonimato ayudaron y estuvieron a disposición de los necesitados, mientras que funcionarios y empresarios llevaron adelante actos de rapiña, quedándose con una parte del dinero público que estaba destinado a las tareas de remediación tras las lluvias.

Palomeque sabía lo que ocurría

El juez penal comentó que “los partes diarios inicialmente eran presentados a la Secretaría de Servicios a la comunidad, eran firmados por Palomeque y luego llevados a la oficina del señor Boyero, donde se controlaba, entonces se supone que encontraban correspondencia entre los partes y el consolidado. Una vez que estaban dispuestas las firmas de ambos secretarios, el proveedor elevaba la factura”, dando cuenta de que no podían estar ajenos a la maniobra defraudadora.

Además de ello, Nicosia hizo mención a una nota periodística del 20 de abril de 2017, donde Palomeque “se dirige a la comunidad y le hace saber que con mucha dificultad estaban intentando, en ese momento, ponerse en marcha tareas en el horario nocturno. El señor refiere que eso trae algunos problemas y la necesidad de que existieran trámites o resguardos documentales que seguirse para que efectivamente estas personas comenzaran. Refirió que hasta ese momento solamente habían puesto en marcha tres empresas, Rigel, Transredes y Astoil” y continuó diciendo que “estas manifestaciones públicas, 20 días después de que comenzaran las lluvias y de que comenzaran su trabajo, nos permite afirmar que tenía un conocimiento muy preciso de lo que sucedía en terreno. Tenía información muy clara de lo que estaba sucediendo en la ciudad”.

Así, Nicosia remarcó que Palomeque sabía qué empresas estaban involucradas, cuáles equipos estaban operativos, qué tipo de gestión llevaban a cabo para obtener recursos materiales y manos para las tareas. “Recién el 25 de abril se pone en marcha el memorándum, indicando la manera de proceder para documentar las capturas de los trabajos, desde mayo empezó a documentarse. El señor Palomeque suscribió facturas y convalidó acreencias por seis vehículos pesados que según los documentos habían estado trabajando 24 horas sin parar” recordó.

También, apuntó que de acuerdo con los documentos, le dio a la empresa Brothers Trucks lo que necesitaban para cobrar 20 días de trabajo nocturno que claramente él sabía que no estaban prestando servicios, lo mismo para el caso de la empresa Golfo San Jorge, donde se acreditaron casos inexistentes de trabajo nocturno, “fueron servicios nocturnos que nunca fueron prestados y en los documentos él mismo suscribió donde decía que habían estado trabajando de noche en el mismo día. Una persona no podía conducir 24 horas corridas” deslizó.

Bajo este marco, indicó que “sus propios inspectores daban cuenta del trabajo nocturno inexistente desde hace 20 días, era claro que desde ese momento él tuvo noción perfecta de que no podía confiarse de los propios inspectores”.

Boyero y una empresa de su propiedad trabajando

En su alocución, el juez Nicosia se refirió a Monasterolo, socio gerente de la empresa Golfo San Jorge, también condenado en la causa, y recalcó que puso a disposición no menos de 10 máquinas y vehículos pesados, a través de un supuesto contrato con Edisud, pero advirtió que “ninguna de esas maquinarias estuvo en poder de Monasterolo ni prestaron servicios durante la emergencia”.

Así, aseguró que “quedó acreditado que el servicio sí fue prestado en uno de los casos pero con un vehículo propiedad de SAE (Sudamerican Energy). Tenemos elementos de prueba que nos permiten afirmar que más allá de toda duda razonable, esta empresa también era propiedad del señor Abel Boyero”.

Ante ello, explicó que un testigo indicó que desde diciembre de 2012 tenía conocimiento de que eran socios, y tenían una dinámica tal que funcionaban en la misma oficina céntrica previo a 2020, cuestión que fue confirmada por otros empleados. Sumado a ello, se recuperó una computadora de Monasterolo y entre los archivos se encontró un proyecto de confirmación de sociedades donde participaría SAE, que tenía que ver con negocios respecto a hormigón, y en el acta aparecen las firmas de los únicos dos socios, Monasterolo y Boyero, de acuerdo con los dichos del juez.

“Nos permite afirmar que el señor Boyero, al tiempo de firmar todo consolidado de equipos, que llegaban ya firmados por Palomeque, acompañados de partes diarios municipales, en donde se consignaban los supuestos trabajos realizados por Golfo San Jorge, él sabía perfectamente que eran falsos porque conocía la dotación de maquinaria que en muchos casos era de SAE”, de igual forma, consideró que ante la política de puertas abiertas que el propio Boyero declaró que tenía la gestión, existían diversas reuniones con dueños de empresas constructoras cuando requerían del recurso, entonces sabía la disponibilidad de máquinas existentes en líneas generales.

“Tenemos fuertes sospechas de que sabía de la falsedad de los partes diarios luego volcados, porque sabía que las máquinas que facturaba sobre Golfo San Jorge eran inexistentes, pero permitió perpetrar los hechos, cooperando para este fraude, cuando debería haber desconfiado de las certificaciones de servicio, sin embargo posibilitó la estafa” destacó el juez quien subrayó que una de las máquinas de SAE efectivamente trabajó durante la emergencia pero utilizaron un contrato con la empresa Edisud para encubrirlo, engañando a la Municipalidad y certificando que era otra la máquina afectada al servicio y otra la persona que la conducía. “Quien tenía, en definitiva, interés por esconder la verdadera titularidad de la máquina era Boyero, porque era dueño de la máquina y empleador. Estaba pagando de un lado del mostrador lo que él mismo percibía” apuntó Nicosia.