Un laboratorio veterinario argentino, con 100 empleados y que exporta a 50 países, quedó bajo amenaza por la política global contra la resistencia a los antibióticos
Una empresa argentina especializada en productos veterinarios, que nació en 1979, tiene un centenar de empleados y exporta a 50 países, quedó seriamente amenazada en su continuidad por una decisión oficial que comienza a implementar en la Argentina la política global para enfrentar la creciente resistencia a los productos antibióticos.
Esa política, impulsada sobre todo desde la Unión Europea, sugiere la prohibición en medicina animal de una serie de productos antimicrobianos que también se utilizan en la medicina humana. En esa lista quedó la “fosfomicina”, un antimicrobiano de un extenso uso tanto en la producción de pollos como de cerdos, pero que también es utilizado para algunos tratamientos de infecciones urinarias en los seres humanos.
La fosfomicina es justamente la principal especialización del laboratorio argentino Bedson, cuya planta queda en Pilar. La empresa fue fundada en los años 80 por Arnaldo Colusi, un reconocido investigador argentino que incluso también ocupó la dirección general del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).
En sus investigaciones, Colusi fue justamente quien probó y demostró que la fosfomicina era muy útil para el tratamiento de infecciones en las vías respiratorias de cerdos y pollos. De la mano de ese desarrollo, su laboratorio Beson se convirtió en una pequeña mutinacional argentina, que ya tiene siete filiales en Brasil, Guatemala, Líbano, México, España, Malasia y República Dominicana. Exporta sus productos veterinarios por 20 millones de dólares. Tres cuartas partes de esa facturación corresponden a sus ventas desde la Argentina.
Ahora es el propio Senasa es el pone en peligro las operaciones de esa empresa, al punto tal que sus ejecutivos han dicho a Bichos de Campo que analizan un posible cierre de la planta local y la mudanza a México u otro país “más amigable”.
Sucede que el organismo sanitario local dictó a fines de abril pasado la Resolución 445/2024, que “prohíbe en todo el Territorio Nacional la elaboración, distribución, importación, uso, comercialización y tenencia de productos veterinarios que contengan en su formulación cualquier antimicrobiano que, de acuerdo con la evidencia científica nacional y/o internacional, sea reservado para el tratamiento de ciertas infecciones en humanos”. En ese listado estaba la fosfomicina, para la cual se estableció un perentorio plazo de 30 días.
La resistencia de la Cámara Argentina de Nutrición Animal (Caena) obligó a esta rápida revisión para ciertas sustancias de uso cotidiano en el sector. En una segunda resolución a los pocos días, el propio Senasa se dio cuenta que había sido algo draconiana su primera resolución y estableció algunas excepciones entre las cuales no estaba la fosfomicina. De todos modos, para este antimicrobiano extendió el tiempo para aplicar su prohibición a 180 días.
“En ese plazo no tenemos posibilidades reales de adaptación y nos mandan derecho al cierre. La fosfomicina representa la mitad de nuestra facturación en la Argentina y el 70% de nuestras exportaciones”, dijeron a este medio voceros de la empresa, argumentando que requieren de un plazo de al menos cinco años para adecuarse al nuevo contexto exigido por las autoridades. En el Senasa prometieron que habrá una reunión técnica para analizar el tema la semana que viene y aclararon que la exigencia de vetar ese antibiótico proviene de las autoridades de Salud.
La ofensiva global contra la creciente resistencia de muchas bacterias a diversos antibióticos viene desde 2015, cuando la OMS (Organización Mundial de la Salud), la OMSA (Organización Mundial de la Salud Animal) y las Naciones Unidas, a través de la FAO, se unieron para el desarrollo de un Plan de Acción Global. Ese mismo año los Ministerios de Salud y de Agricultura lanzaron una “Estrategia Argentina para el Control de la Resistencia Antimicrobiana”.
Pero como todo se demoraba, y así como lidera la discusión ambiental global con su discutida Agenda 2023, la Unión Europea dictó en diciembre de 2018 el Reglamento (UE) N° 2019/6, que en un artículo específico establece restricciones al uso de determinados medicamentos antimicrobianos en animales.
Ese reglamento europeo establecen criterios claros para preservar antibióticos exclusivamente para uso humano. Pero se trata de una sugerencia que el resto de las naciones no están obligadas a respetar. De hecho, según argumentan los ejecutivos de Bedson en su defensa, países como Brasil o México han hecho caso omiso a esas recomendaciones desde el viejo continente. Por eso, llegado el caso extremo, la firma analiza mudar sus operaciones a alguno de esos países.
En la Argentina, una circular interna del Senasa ya mencionaba a la fosfomicina como pasible de prohibición en 2021. Pero las autoridades del anterior gobierno nacional, tanto Carla Vizzotti en Salud como Juan José Bahillo en Agricultura, la desestimaron. Pero esta ofensiva tomó una fuerza inusitada una vez que se inició la gestión del libertario Javier Milei. En el Senasa dicen que es una decisión que proviene del área de Salud. De todos modos, redactaron la lista de antibióticos controvertidos sin la instancia necesaria de una consulta pública.
Se promulgó la nueva Ley de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana
“La prohibición de la fosfomicina tendría un impacto económico significativo en empresas farmacéuticas como Bedson, que reporta que el 64% de su producción de fármacos, como a otros laboratorios en menor medida”, advierten ahora en esa empresa, donde consideran que los plazos de adaptación deberían ser mucho más extensos y que existen otras opciones, como las buenas prácticas en la producción animal y la segregación, que permiten reducir el uso de antimicrobianos, incluyendo la fosfomicina.
“La sustitución de la fosfomicina en la producción porcina puede ser viable con otros antimicrobianos, pero es crucial evaluar la efectividad y el impacto de estas alternativas para garantizar la salud animal y la eficiencia productiva. Dicha transición tiene que ser gradual y planificada entre sectores involucrados”, reclama un documento interno de la empresa.
