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“A todo o nada”: el motivo por el que el Gobierno estuvo a punto de bajar la sesión por la Ley Ómnibus

Ene 31, 2024
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“Si no sale lo de las privatizaciones como lo pedimos, no hay sesión y tendrán que pagar el costo político”. El mensaje lo transmitieron desde el Ejecutivo a los bloques dialoguistas de la oposición en una de las reuniones que se gestaron el lunes, en medio de los tironeos que se produjeron en las negociaciones por la ley ómnibus.

Hay legisladores que se lo atribuyen al asesor Santiago Caputo y los gobernadores señalan al ministro del Interior, Guillermo Francos, como el transmisor del ultimátum. En rigor, ambos cumplieron con el mandato del presidente Javier Milei, que luego de haber aceptado eliminar el viernes pasado el capítulo fiscal del proyecto se plantó ante los pedidos de dirigentes del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal y cerró la puerta a nuevos retoques para “salvar” a las 39 empresas estatales que el Gobierno quiere transferir a manos privadas.

Así, incluso durante la noche del martes, había funcionarios del Gobierno que abrieron interrogantes respecto a la realización, que finalmente comenzó como estaba previsto.

“Sin garantías de que sale el capítulo de privatizaciones, no hay sesión”, reafirmaban en Casa Rosada pasadas las 19 del martes, con un escepticismo todavía mayor del que se advertía en el Congreso, cuando los bloques dialoguistas habían confirmado que darían el quórum y votarían a favor del proyecto en general pero que mantendrían sus diferencias.

“Hasta que no tengamos la confirmación de que no lo van a bloquear ese capítulo, no podemos sesionar”, reafirmaban. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había sido debidamente notificado de la decisión. “Volvió el a todo ó nada”, agregaban desde el despacho de un importante funcionario en Casa de Gobierno.

Es que el tema de las privatizaciones fue denominador común en los reclamos opositores. En el Gobierno, que había aceptado quitar del listado a YPF, no quisieron hacer mayores concesiones.

Esto es: mantener el listado de 36 empresas sujetas a privatización, incluidas en el Anexo I del capítulo sobre el tema, entre las que sobresalen Aerolíneas Argentinas, AySA, Casa de la Moneda, ENARSA, Ferrocarriles Argentinos, Télam, Radio y Televisión Argentina y Télam.

Y luego, que el Banco Nación, la empresa de telecomunicaciones ARSAT, y Nucleoeléctrica Argentina, a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país (Atucha I, Atucha II y Embalse) puedan ser privatizadas en forma parcial, pero debiendo el Estado mantener el control de las compañías.

Tampoco quiso acceder el Ejecutivo que se aclare que cada privatización deba ser analizada por el Congreso. Sucede que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ya tienen avanzado el plan para liquidar buena parte de las empresas que integran el listado.

“Si quieren cambiar todo el espíritu de la ley que lo digan y se hagan cargo. Muchos de los que están oponiéndose a esto hicieron campaña por una candidatura presidencial que prometía privatizaciones”, rezongaban en Balcarce 50, apuntalando los dichos de Caputo y Francos. No aclararon a quiénes se referían, pero la mayoría hizo campaña por la oposición, en Juntos por el Cambio: tanto el radicalismo como diputados del bloque de Hacemos Coalición Federal se encolumnaron detrás de Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad de Milei, y de Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de comenzada la sesión, y sin un punto de acuerdo -al menos público- en el Gobierno aseguraban haber tenido señales de que en la votación artículo por artículo, que se dará este jueves, estará el número asegurado para aprobarlo: “Raspando pero pasa”, sostenían. No obstante, funcionarios de primera línea que rodean a Milei mantenían cierta cautela. “Siempre pueden incumplir”, se atajaban.

Con todo, quienes rodean al jefe de Estado confiaban en que la oposición dialoguista “terminó de comprender el riesgo de quedar alineada con el kirchnerismo, a menos de dos meses de que asuma”.