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En el laberinto de los recursos fiscales, gana la caja de Javier Milei

Feb 3, 2024
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Se lo mire como se lo mire, de atrás para adelante o de adelante para atrás, del derecho o del revés o del derecho y del revés, la conclusión no cambia: el maratón de la Ley Ómnibus es antes que nada una discusión por plata, por mucha plata. Ocurre, encima, en un país que no crece, que de hecho retrocede y donde los recursos que se generan se reparten mal.

Así, ya abierto el juego, uno de los primeros cruces entre algunos gobernadores y el ministro del Interior, Guillermo Francos, fue por un planteo para que el llamado Impuesto País se coparticipara con las provincias, casi por mitades. Hablan de una creación hija de la crítica escasez de dólares, pariente del cepo, que grava con el 30% la compra de divisas para atesoramiento y el pago de gastos en el exterior con tarjetas de crédito o de débito.

El punto es que aun cuando el destino final de los fondos sea la ANSeS, el PAMI y obras para vivienda social como marcan las normas, la plata pasa por la caja del Tesoro Nacional y puede ser utilizada, al menos transitoriamente, para gastos de la Nación hasta que termine donde corresponde. Estamos hablando de plata segura, a menudo engordada por devaluaciones que corren detrás de la inflación.

En cifras del año 2023, la recaudación del Impuesto País dejó 1,5 billones de pesos, un monto similar al que aportaron las retenciones y la mitad del Impuesto al Cheque. Recursos de primera clase, que superaron en un 335% nominal a los del 2022 y, por lo mismo, le sacaron 124 puntos porcentuales a la inflación del 211%. Y que saltaron un impresionante 1.252% en enero.

Se entiende, pues, por qué el presidente Javier Milei cortó el debate apenas asomó, sacó al fruto de la discordia de la Ley Ómnibus y dejó el reparto tal cual estaba al comienzo: todo pasa por la estación Estado Nacional.

LAS RETENCIONES Y MILEI

Algo semejante sucedió con el aumento de las retenciones a las exportaciones de subproductos de la soja, a las de maíz, trigo y carne, más el batifondo que levantó el anuncio. Detrás de la medida había un dato central y, de seguido, una montaña de dólares que no se coparticipan apuntando a 2024.

Según proyecciones de fuentes especializadas, este año habría un incremento en las exportaciones del campo calculado en arriba de US$ 13.000 millones. La cuenta completa rondaría los US$ 32.000 millones y anticipa que se recuperará la pérdida que la sequía provocó el año pasado. También, que el aumento de las retenciones le reportaría a la Nación un extra de US$ 1.600 millones.

Puesta de este modo y sin computar el efecto de la súper devaluación de Milei, la ecuación significa pérdida para los productores o pérdida de ganar y recaudación pura y de la buena para el ministro Luis Caputo. Obviamente, ni una sola palabra de la Casa Rosada sobre el asunto y menos que menos la palabra coparticipación.

Añadido al cuadro general, un informe del especialista Nadin Argañaraz pone en perspectiva las cuentas de enero 2024, empezando por la caída nominal del 213% que las transferencias por coparticipación a las provincias acusaron respecto de enero de 2022. Computada una inflación del 20%, la caída nominal vira hacia una baja real del 11%.

La explicación cae limpia sobre el impacto de la reforma en el Impuesto a las Ganancias que impuso el candidato Sergio Massa y que golpeó, sobre todo, a los recursos provinciales y entre ellos a los de Buenos Aires más que a ninguno. Significó un saque del 38,8% que convirtió a la coparticipación de enero en el peor registro de los últimos nueve años.

Por si falta aclararlo, la marcha atrás con la reforma de Massa y la mejora en las cuentas provinciales que implicará regularizar las cosas deberán esperar a que se arreglen algunos tantos pendientes de la Ley Ómnibus. Todo, durante un tiempo que no pinta precisamente auspicioso para los impuestos asociados a la actividad económica: caída del 2,8% ha calculado el FMI o recalculado, pues una estimación anterior también daba 2,8% pero negativo.

LAS PROVINCIAS

Inevitable, en esta novela de números siguen los números. El dato si se quiere atractivo es que aquí los números significan mucha plata, a veces disputas de poder y, desde luego, ganadores y perdedores.

Las cifras que siguen pertenecen a una especie del repertorio fiscal que el kirchnerismo manejó como nadie. Se llaman “Transferencias Discrecionales”, son recursos que surgen de subestimar la inflación y se administran desde la Casa Rosada según convenga a los intereses políticos del poder. Recontra previsible, en ese negocio la provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof reinaron sin competencia entre el 2020 y el 2023.

Un ejemplo redondo del juego aparece, justamente, en el 2023 de las elecciones encadenadas. Para empezar, la plata que ese año había en la caja rondaba los 14,5 billones de pesos y de ese, semejante paquete a Kicillof le tocó el 43%, o sea, alrededor de 6 billones.

Para que se entienda mejor por qué los especialistas llaman discrecionales a esos fondos, valen algunos datos comparados del mismo 2023: a la Ciudad de Buenos Aires fue el 6,6% y a Chaco y Santa Fe, 4,2% por cabeza.

En tren de completar el tablero, la hipótesis inflacionaria que se usó para definir los gastos presupuestarios fue 60% y la inflación real escaló al 211%. La diferencia fueron ingresos por fuera del Presupuesto que el gobierno tuvo disponibles y manejó a su gusto.

Ahora tenemos un caso parecido, empezando por el contraste entre una inflación que el Presupuesto de 2023 prorrogado a 2024 y vigente proyecta en el 69,5% y el 213% que estiman los estudios que el Banco Central consulta mensualmente. Un caso parecido o más o menos parecido, convendría aclarar.

Es que en enero de este año las “Transferencias Discrecionales” caen un 98% real, descontada la inflación, contra 2023 lo cual, según Nadin Argañaraz, puede ser interpretado como una “virtual desaparición” de la cuenta. O sea, de una cuenta que en 2023 sumó 14,5 billones y en los cuatro años K, impresionantes 29 billones.

Evidente por donde se mire, los que no entran en ningún reparto son los jubilados pese a que sus haberes acumulan un ajuste real, o una pérdida real, del 48% en los últimos seis años. Es notable que entre tanto ruido, tanta bandera y tanto cartel no aparezca algo que suene a reclamo por los jubilados y si la cuestión son los postergados, aquí hay caso de desprotección interminable.

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