La justicia de Misiones dio luz verde a un reclamo de productores yerbateros y dictó una cautelar contra una parte del DNU de Milei
La Justicia Civil de Misiones otorgó una medida cautelar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente sobre la parte referida a la quita de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
De acuerdo a lo que consigna el periodista Juan Carlos Argüello del portal misionero Economis, la justicia le dio lugar a un reclamo efectuado por asociaciones de productores de yerba mate, luego de oponerse fervientemente a la desregulación de la cadena de dicho cultivo.
El DNU que firmó y envió al Congreso Javier Milei intenta quitar facultades al INYM, sobre todo la potestad que tiene el organismo de regular el precio mínimo de compra de la materia prima, y de alguna forma terciar o arbitrar entre yerbateros y la industria para que el trato sea justo para las partes, en especial los productores.
La medida cautelar que aprobó la jueza del Civil y Comercial 8 Adriana Giorgi, surgió del planteo original de ocho entidades productoras, y acompañado por una veintena de productores. Se trata de APAM (Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones), UDAM (Unión de Agricultores de Misiones), ACPYN (Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte), Asociación Chimiray, Asociación de los Yerbatero del Alto Uruguay, Casa de la Familia Yerbatera, CAYA (Centro Agrario Yerbatero Argentino) y AAGyFSur (Asociación Civil Agrícola, Ganadera y Forestal de la Zona Sur).
“En apenas 24 horas, la jueza concedió el amparo y se inhibió para seguir actuando en la causa que fue elevada al fuero federal para seguir su trámite. El que recibirá el caso es José Luis Casals, quien vuelve a estar de turno”, explica el colega misionero Argüello en el citado medio.
El mismo tiempo, la provincia de Misiones presentó de manera formal otro pedido a la justicia, a pedido del gobernador Hugo Passalacqua, ante el Juzgado Federal de Posadas. Se trata de una medida cautelar en defensa de las funciones históricas del INYM, que la justicia de esa provincia se declaró incompetente, y ahora deberá resolverlo la Corte Suprema de Justicia.
